Machismo. La fiscal pide 18 meses de cárcel para una funcionaria de la Generalitat por ’mobbing’

La fiscal solicitó ayer un año y medio de prisión y una indemnización de 40.000 euros para Teresa Casals, jefa de sección de los Servicios de Carreteras de la Generalitat en Lleida, por un presunto delito de coacciones a una administrativa de su unidad durante nueve años. Éste ha sido el primer caso de acoso laboral (mobbing) cometido en la Administración española que llega a juicio. La acusación particular pide para la Casals dos años y medio de prisión y una indemnización de 140.000 euros por las secuelas psíquicas que padece la víctima, Begoña Solé.

La fiscal considera que la acusada, superior jerárquica de la querellante entre 1996 y 2005, mantuvo hacia ésta una actitud continua de menosprecio y acoso con la finalidad de que abandonase su puesto de trabajo. Durante ese tiempo la obligó a realizar funciones que no le correspondían por su categoría profesional de técnica administrativa, como la de conserje o archivera, la sobrecargaba de trabajo y la intimidaba diciéndole que no pararía hasta que la echaran.

A consecuencia de ese trato vejatorio, la trabajadora tuvo que pedir varias bajas entre febrero de 2002 y enero de 2005 por sentirse acosada moral y psicológicamente, y cuando se reincorporó a su puesto de trabajo persistió la situación, por lo que acabó presentando una querella criminal contra su jefa.

La vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida comenzó con la declaración de Casals, que desde hace un año ocupa otro puesto de trabajo en el mismo Departamento de Política Territorial. La acusada negó haber ordenado a su subordinada realizar trabajos de inferior categoría ni haberla amenazado con expedientarla para que la echaran del trabajo. "Todavía no entiendo cómo se ha llegado a esta situación con una persona a la que he dedicado más tiempo que al resto porque lo necesitaba más", declaró.

Por su parte, la denunciante, que entró con 19 años a trabajar en el departamento cuando las competencias eran del Ministerio de Obras Públicas, y que ha estado de baja durante largos periodos a causa de la presión psicológica sufrida en el trabajo, explicó que todo comenzó al poco tiempo de incorporarse la acusada como jefa de sección, en 1993. "Su trato conmigo empezó a ser diferente del de con las demás", señaló. "Me criticaba todo lo que hacía y aprovechaba cualquier situación para decirme que era una inútil y que nunca aprendería a hacer bien el trabajo. Llegó a cronometrarme el trabajo, a prohibirme coger el teléfono, a ir a desayunar con mis compañeras de sección y también me obligó a archivar expedientes que nadie tocaba desde hacía 50 años y a sentarme en la mesa del conserje para que me viera todo el mundo".

Begoña Solé relató entre continuos sollozos diferentes episodios de acoso vividos en su puesto de trabajo y confesó que la situación llegó en algunos momentos a ser tan insoportable que incluso pensó en el suicidio.